Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegaciĆ³n. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. | Estoy de Acuerdo
Viñuelas Abogados Badajoz
C/ Zurbarán, n° 2, 1° dcha.
06.002 Badajoz
Teléfono: 924 952 557
Fax 924 952 557
Viñuelas Abogados Cáceres
C/ Antonio Silva, n° 2, 2°, puerta 7-8
10.002 Cáceres
Teléfono: 927 627 362
Fax 927 626 499

El IBI del suelo urbanizable no desarrollado tras la Ley 13/15

el Viernes, 7 de Octubre de 2016 a las 16:06h

El 30 de mayo de 2014 el Tribunal Supremo dictó una sentencia resolviendo un recurso de casación en interés de ley, que vino a confirmar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura nº 381/2014 de 26 de marzo, por la que determinó que el suelo urbanizable, mientras no tenga aprobado un desarrollo urbanístico, no debe tributar como suelo urbano en el IBI. 

Hasta ese momento, como quiera que la legislación tributaria solamente distinguía entre suelo urbano y suelo rústico, las Administraciones competentes venían equiparando el suelo urbanizable al suelo urbano, con el perjuicio económico que ello suponía para el sujeto pasivo que veía incrementado de forma relevante el valor de sus bienes a efectos fiscales y consecuentemente, la cuota a abonar. 

Sin embargo, con la sentencia reseñada el escenario cambia en beneficio del contribuyente, pues el criterio que consolida el Tribunal Supremo es que aun cuando se trate de terrenos que han sido clasificados como suelo urbanizable por la Administración competente para ello, solamente podrán considerarse como urbanos, a efectos de IBI, cuando exista un instrumento de planeamiento aprobado sobre el mismo, es decir, cuando se hayan aprobado las medidas correspondientes para su desarrollo. En caso contrario, deberá considerarse, a los efectos que aquí interesan, como suelo rústico. 

A raíz de lo anterior se producen numerosas reclamaciones por parte de los contribuyentes que tributan en concepto de suelo urbano cuando, de conformidad con la nueva doctrina jurisprudencial, deberían hacerlo como rústico y consecuencia de ello es que el legislador promulgue la Ley 13/2015, por la que viene a modificar la Ley del Catastro Inmobiliario. 

Si bien de la Exposición de Motivos de la referida norma podría deducirse que el legislador ha venido a acomodar el reciente criterio jurisprudencial - los suelos urbanizables sin planeamiento de desarrollo detallado o pormenorizado deben ser clasificados como bienes inmuebles de naturaleza rústica-, lo cierto es que no ha sido así. 

La nueva norma modifica el artículo 7.2.b) de la Ley del Catastro Inmobiliario y establece que para que un suelo se califique como urbano a efectos de valoración catastral es preciso que, además de haberse previsto ya por la ordenación territorial o urbanística su paso a la situación de suelo urbanizado “se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, de acuerdo con la legislación urbanística aplicable”

A la vista de lo anterior, pudiera parecer que la nueva regulación equipara sin ambages el valor catastral del suelo susceptible de ser urbanizado pero sin desarrollo urbanístico pormenorizado al suelo rústico. Pero lo que realmente hace el legislador es dar “carta de pago” a la situaciones que se venían produciendo antes de la sentencia del Tribunal Supremo, y ello por una cuestión esencial: el legislador no se limita a asimilar este tipo de suelos a los rústicos, sino que lo que hace es establecer una nueva valoración para los mismos en función de su localización, en base a los módulos que publique el Ministerio de Economía y Hacienda. De manera que, aun cuando en la ley se clasifique este tipo de suelos como “rústicos”, la realidad es que se les está aplicando una valoración absolutamente distinta, lo que se ha hecho es crear una especie de subtipo de bienes inmuebles que se encontrarían a mitad de camino entre los rústicos y los urbanos. 

No obstante, como quiera que los referidos módulos aún no se han publicado, en los procedimientos de valoración catastral que se están llevando a cabo actualmente por el Catastro, lo que se está haciendo es aplicar el régimen transitorio contemplado en la mencionada ley, esto es, “aplicar un coeficiente de 0,60 a los módulos de valor unitario de suelo determinados para cada municipio para los usos distintos del residencial o industrial” así como “el coeficiente de referencia al mercado de 0,5”. 

Estos procedimientos de valoración están provocando situaciones absolutamente contrapuestas, pues en unos casos los resultados que arrojan esas nuevas valoraciones son inferiores al valor que tenían los inmuebles afectados cuando estaban calificados como urbanos en lugar de como rústicos, lo que es absolutamente lógico. Pero en cambio, en otros, las nuevas valoraciones están siendo considerablemente superiores a las que tenían los inmuebles cuando estaban calificados catastralmente como urbanos, lo que carece de todo sentido, máxime si tenemos en cuenta el espíritu de la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014.

Con este escenario, y a expensas de que se publiquen finalmente los módulos a aplicar, no podemos sino estar a lo que vayan resolviendo tanto los órganos administrativos como los órganos jurisdiccionales sobre este particular. Y ello sin perjuicio de que una vez que se practiquen y notifiquen las nuevas valoraciones  a los titulares de los suelos afectados –ya sea conforme a lo previsto en el régimen transitorio, ya sea conforme a los módulos pendientes de publicar-, éstos verifiquen si las mismas se han realizado o no correctamente. Y en su caso, bien solicitar la correspondiente devolución de ingresos indebidos de los ejercicios no prescritos (últimos cuatro años), bien proceder a su impugnación en los términos y plazos correspondientes, a efectos de los futuros recibos de IBI que se fueren a liquidar.


 
El IBI del suelo urbanizable no desarrollado tras la Ley 13/15

Noticias relacionadas: